El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que ordena la “ocupación temporal” de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados de terreno.
El gobierno federal declaró “de utilidad pública” 151 terrenos privados de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, los cuales serán utilizados para el tramo 6 del Tren Maya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que ordena la “ocupación temporal” de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados de terreno.
El documento, emitido este 6 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), argumenta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) requiere de los terrenos para “aumentar la viabilidad técnica durante la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados con el Proyecto Tren Maya”, pues sostiene que permitirán la interconexión entre las obras.
“En el dictamen técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., se comprueba que los bienes inmuebles que se pretenden ocupar temporalmente son apropiados e idóneos para el Proyecto Tren Maya, conforme a los planos topográficos de los inmuebles”, sostiene el decreto con la ubicación de los 151 terrenos que fueron ocupados inmediatamente por la Sedatu.
Además de ordenar el pago de indemnizaciones a los dueños, el decreto sostiene que en caso de que los terrenos no sean destinados total o parcialmente, “al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o el pago de los daños causados”.
En agosto pasado, el gobierno ya había ordenado la expropiación de 1 millón 093 mil 118.93 metros cuadrados de terreno en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, también en Quintana Roo.
Esto, pese a que el presidente, días antes de tomar el cargo, había prometido que al construir el Tren Maya no habría afectación ambiental y que tampoco se expropiaría ningún terrero, propiedad o ejido.
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