Organizaciones opositoras al proyecto ya han solicitado la anulación de esta nueva autorización ambiental por haber sido aprobada de manera extemporánea, es decir, varias semanas después de iniciadas las obras de desmonte de selva.
Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó ya el Tramo 5 norte del Tren Maya, el resolutivo y las condicionantes no han sido publicadas en la Gaceta Ecológica, como sucede con el resto de los proyectos evaluados.
El no dar a conocer los resolutivos ambientales también sucedió en el caso de las autorizaciones de los Tramos 4 y 5 sur, este último con una serie de condicionantes para las que la Semarnat dio un plazo de hasta tres meses para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cumpla con ellas.
Organizaciones opositoras al Tren Maya ya han solicitado la anulación de esta nueva autorización ambiental por haber sido aprobada de manera extemporánea, es decir, varias semanas después de iniciadas las obras de desmonte de selva y por no contar con estudios suficientes para dimensionar los impactos del proyecto en el entorno.
La organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) asegura que la autorización otorgada por Semarnat viola al carácter preventivo que una evaluación de impacto ambiental debe tener, por ser extemporáneas, es decir, se presentaron posterior al inicio de las obras.
Además, precisan que incumplen ordenamientos ecológicos locales que protegen cenotes y cuevas, sin dejar de mencionar que Fonatur no presentó un solo estudio de mecánica de suelos, ni estudios geofísicos o geohidrológicos para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Además, destacan que la Semarnat dejó de solicitar esa información crucial para medir preventivamente el impacto del tren, dejándola convenientemente para que Fonatur cumpliese con ella después de iniciadas las obras.
Añaden que las MIA de los Tramos 5 norte y sur no evalúan impactos integrales y acumulativos, pues todo el tren debió ser evaluado como una sola obra y no fraccionado para cumplir con los tiempos marcados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Si divides la obra o actividad para obtener varias autorizaciones, impides se evalúe todo el impacto ambiental completo y es inconstitucional, como lo precisó la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 54/20212”, comentó Antonella Vázquez, representante legal de DMAS.
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