Ciudad de México. Oaxaca y Chiapas –donde la Secretaría de Gobernación se comprometió a interceder por las víctimas—son dos de los estados en donde los casos de desplazamiento forzado son más difíciles de solucionar, pues en dichas entidades suele haber conflictos territoriales muy complejos que tienen muchos meses o hasta años sin resolverse.
Así lo indicó la investigadora Lígia de Aquino, quien señaló que aunque en este gobierno ha habido avances importantes en el reconocimiento del problema y la atención a las personas afectadas, aún hace falta darle mayor respaldo humanitario a quienes se han visto obligados a huir de sus casas para resguardar su vida e integridad.
En entrevista, la experta del área de desplazamiento forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), detalló que, según las cifras acumuladas hasta diciembre de 2021, se calcula que en el país existen 379 mil 246 víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia.
El año pasado, afirmó De Aquino, se registraron al menos 28 mil 867 víctimas de nuevos desplazamientos, de las cuales 7 mil 117 son de Chiapas, en 9 episodios separados, 7 de ellos de municipios con alta población indígena, como Aldama, Pantelhó, Chenalhó, Chapultenango, Ocosingo y Venustiano Carranza.
En el caso de Oaxaca, en 2021 ocurrieron dos nuevos episodios de desplazamiento forzado, que también afectaron sobre todo a población indígena en los municipios de San Esteban Atatlahuca y Tezoatlán de Segura y Luna.
Por lo que se refiere a lo que va de 2022, la CMDPDH identificó por lo menos un caso en Oaxaca (en enero, en el municipio de San Juan Mazatlán) y dos en Chiapas (en los meses de marzo y mayo, en San Pedro Chenalhó y Ocosingo, respectivamente).
A decir de la especialista, mientras que en otras zonas del país los desplazamientos forzados ocurren como consecuencia de las actividades de grupos del crimen organizado, en Chiapas y Oaxaca “están relacionados con conflictos más complejos y de varios años, algunos de ellos de carácter territorial, pero en donde también hay actuación de grupos paramilitares”.
En los dos estados en cuestión “cada año se registran casos nuevos, pero también hay episodios de desplazamiento histórico, prolongado, que llevan muchos meses o hasta años, y eso genera afectaciones muy graves para las personas, porque muchas de ellas viven en condiciones muy precarias”.
Aunque consideró que en los últimos años ha habido avances importantes en la atención de este fenómeno, De Aquino advirtió que aún debe hacerse mucho más en materia de ayuda humanitaria a las víctimas, muchas de las cuales carecen de los servicios más básicos.
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