diciembre 3, 2024

Presiona USTR a México, por espectro radioeléctrico

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), no quita el dedo del renglón.

Le pide al gobierno de México que cambie su política de derechos sobre el espectro radioeléctrico.

La semana pasada, en seguimiento a la reunión trilateral de Cancún, entre México y Estados Unidos, se realizó una reunión virtual entre el embajador Jamie White, representante comercial adjunto estadounidense, con el subsecretario Alejandro Encinas, de México.

De entrada, fue muy positivo que la reunión –originalmente planeada con la dirección general de disciplinas de comercio internacional– se llevara a cabo con el subsecretario Encinas.

White puso sobre la mesa varios temas: la necesidad de transparentar las importaciones de terceros países, conforme a la sección 232 de obligaciones sobre el acero y el aluminio; la necesidad de dar certidumbre regulatoria a los proveedores de servicios de pagos electrónicos que operan en México y la revisión de la metodología para determinar la cuota que pagan los operadores de servicios de telecomunicaciones por el espectro radioeléctrico.

USTR insiste en la importancia de que México modifique su metodología para reducir el costo del espectro radioeléctrico para cumplir con sus compromisos ante el TMEC, en la propuesta que la SHCP enviará al Congreso el 8 de septiembre como parte de la miscelánea fiscal para 2024.

Sobre este tema ha venido registrándose una creciente preocupación en los sectores privado y gubernamental de EU.En días pasados, la AFTE (Alianza para el “Enforzamiento” del Comercio) envió una carta a la Representante de Comercio, Katherine Tai, para hacer un llamado al gobierno estadounidense, a que exprese sus preocupaciones a México, en materia del cumplimiento del T-MEC.

Entre otros temas se habló de la metodología para determinar el costo de espectro radioeléctrico.

Han señalado el alto costo del espectro radioeléctrico y cómo esto distorsiona el mercado de telecomunicaciones en México.

Aquí en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) encabezado por Javier Juárez Mójica, propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una reducción del 50% en el costo del espectro radioeléctrico.

Y recomienda incluir un esquema temporal del 1% de los ingresos por servicios de los operadores móviles.

El órgano regulador de las telecomunicaciones –se lo informé aquí en este espacio, en días pasados– comunicó al gobierno federal su opinión para la modificación a la Ley Federal de Derechos.

En ella propone reducir las cuotas de derechos de bandas de frecuencias alrededor de 53%, al nivel de la referencia internacional.

Es la opinión del IFT para que Hacienda la considere en el paquete económico que presentará ante el Congreso de la Unión próximamente para ejercer en el 2024.

El órgano regulador de las telecomunicaciones ha sido claro sobre los impactos negativos que tiene para México, el elevado costo del espectro radioeléctrico, en particular sobre la competencia y la competitividad.

En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, coinciden con la perspectiva del IFT.

Al interior de Hacienda, ha aumentado el nivel de conciencia, en el mismo sentido.

Todo indica que la invariabilidad del actual modelo de costo del espectro es más por una posición política.

Veremos si Raquel Buenrostro logra convencer al interior del gobierno federal de que México debe cumplir con lo que dice el T-MEC en materia de Telecomunicaciones.

Hasta ahora, la funcionaria ha hecho prevalecer el pragmatismo sobre el dogmatismo.

Hay que recordar que en octubre del año pasado Buenrostro despidió a casi todo el equipo que llevaba las negociaciones del T-MEC y este nuevo equipo está dando seguimiento a los temas pendientes en coordinación con los expertos sectoriales como Hacienda y el IFT.

Frente al fenómeno del nearshoring y el lanzamiento del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, las telecomunicaciones son tan indispensables como las carreteras, la energía, el agua o la logística.

México necesita contar con similares condiciones a las de otros países que están atrayendo las inversiones.