El organismo que se encarga de tutelar el derecho de acceso a la información y la transparencia en México está bajo amenaza. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), ante el cual las personas pueden inconformarse para obligar a las autoridades a que entreguen documentos públicos
El INAI fue creado en 2002. Para entender su rol, en España hay dos organismos que realizan sus funciones: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos. Otros entes similares en Latinoamérica son la Agencia de Acceso a la Información Pública, en Argentina; o el Consejo para la Transparencia, en Chile.
Pero la fortaleza del INAI mexicano se basa en que cuenta con autonomía y, en consecuencia, tiene la facultad de sancionar a las autoridades que incumplan con la entrega o publicación de información pública.
En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete han descalificado públicamente al INAI, describiéndolo como “lastre burocrático”, que “no sirve para nada” y que cuesta mil millones de pesos –casi 53 millones de euros– al erario.
El presidente vetó el nombramiento de dos comisionados del INAI. Esto, sumado a la conclusión del periodo de un tercer comisionado, ha dejado al pleno con cuatro integrantes, en lugar de los siete que la ley contempla. Ante la negativa de información pública, las quejas de los ciudadanos no pueden ser analizadas, ni deliberadas.
Impacto social
El papel de la transparencia ha sido fundamental para que la prensa publicara información sobre escándalos como el Caso Odebrecht, la Casa Blanca (la entrega al expresidente Peña Nieto de una mansión por parte de un contratista del gobierno) o la Estafa Maestra, una red de corrupción con empresas fantasma con la que funcionarios saquearon 7 000 millones de pesos –más de 369 millones de euros–.
Pero la transparencia también tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, que han logrado obtener gracias a resoluciones del INAI documentos como su historial laboral o expedientes médicos (necesarios para pedir una segunda opinión de especialistas) cuando les son negados por alguna minucia burocrática.
Esto ha ocurrido, de 2014 a 2023, en 157 000 ocasiones, en las que el INAI ha obligado a diversas dependencias a entregar información a los ciudadanos. Con la parálisis del pleno están congelados 2 133 recursos de revisión, más los que se acumulen.
La transparencia y el acceso a la información son importantes en sí mismos, pero también son una llave que abre la puerta a otros derechos, como la salud. En 2017, gracias a solicitudes de información, un grupo de madres indígenas de Chiapas pudo conseguir médicos y medicinas para su comunidad.
Cifras de la transparencia
El ejercicio de la transparencia ha crecido en México. En 2017 se presentaron 292 852 solicitudes de información, y en 2022 aumentaron a 363 062. En total, de 2003 a la fecha, van más de tres millones de solicitudes.
Si bien los ciudadanos pueden seguir solicitando información en la Plataforma Nacional de Transparencia, si una autoridad la niega no hay quien resuelva las inconformidades, porque el pleno del INAI está incompleto.
La protección a la privacidad
El INAI también tutela la protección de datos personales y los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Por ejemplo, los ciudadanos pueden solicitar a través del INAI la corrección de datos en un certificado de defunción de su familiar o de un documento de crédito de vivienda.
En 2022 el instituto multó a 78 empresas que hacían mal uso de datos personales. Con la parálisis del pleno del INAI, este tipo de resoluciones también quedan en vilo.
Asimismo, el INAI ha detenido proyectos invasivos a la privacidad, como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligaba a los ciudadanos a entregar datos biométricos y fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022, derivado de los recursos legales presentado por el INAI y otros interesados.
En México la transparencia ha sido fundamental para divulgar casos de corrupción, pero también impacta en temas de salud, laborales, crediticios o en la privacidad. Hay que ser autocríticos para admitir que los especialistas y servidores públicos dedicados a la transparencia no hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia de estos derechos y, por tanto, las descalificaciones contra el INAI han encontrado eco en un sector de la población.
El presupuesto anual que recibe, por casi mil millones de pesos –casi 53 millones de euros–, se debe al incremento de sus atribuciones derivado de la reforma de 2014. Aún así, apenas representa el 0,01 % del gasto total del erario.
El argumento de que “el INAI no ha metido a nadie a la cárcel”, como han señalado partidarios del gobierno, es impreciso, porque el INAI tiene como objetivo garantizar el acceso a la información pública. Los que se dedican a procurar e impartir justicia en esta materia son la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados penales.
Sin embargo, senadores del partido gobernante (Movimiento para la Regeneración Nacional) han impulsado iniciativas de ley para hacer desaparecer al INAI y que dependencias de gobierno absorban sus funciones. Sería un retroceso, pues el gobierno no puede ser juez y parte, sobre todo en un país donde la corrupción permea en diversas dependencias.
El poder ejecutivo se ha referido al INAI con una narrativa que niega datos y cifras e ignora la premisa de que el derecho de acceso a la información y la transparencia tutelados por un instituto sólido y profesionalizado son inherentes para las democracias.
Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, Profesor y Analista Político. Periodismo Digital, comunicación, Transparencia, Protección de Datos Personales, Combate a la Corrupción y temas de actualidad., Universidad de Guadalajara
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