Vulcan Materials Co denunció el lunes que las fuerzas de seguridad mexicanas tomaron posesión ilegalmente la semana pasada de su terminal marítima en el estado Quintana Roo, en una larga batalla legal sobre sus actividades de extracción de piedra caliza.
Luego de que senadores y congresistas estadounidenses enviaran una carta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, exigiendo el retiro del Ejército mexicano que tiene tomadas las instalaciones de la mina Calica, en Playa del Carmen, el presidente de México dijo que acatarán el dictamen.
Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los miembros del panel internacional que resuelven la demanda de Vulcan Materials contra México por el caso Calica a recorrer el “ecocidio” que ha significado la operación de esta mina a cielo abierto en Punta Venado, Playa del Carmen.
“Desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, se va a acatar, pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense, cómo devastaron zonas naturales, de manglares pero en una superficie amplia y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas, sin ninguna limitación”, expuso el mandatario hace unos minutos en su conferencia matutina.
El mandatario aprovechó para arremeter contra los grupos ambientalistas que se oponen el Tren Maya, pues aseguró que nadie protestó nunca contra la destrucción que hizo esta empresa en una de las zonas turísticas “más bonitas del mundo“.
“(…) Y no hubo protestas de estos pseudoambientalisgtas, que son mercaderes, que están financiados por gobiernos y empresas del extranjero”.
El presidente se refirió también a las expresiones que han hecho senadores republicanos por la ocupación por parte del ejército de la mina Calica y el muelle aledaño en Punta Venado.
“Senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense que se llevaba grava de Playa del Carmen, de la zona natural y de las costas del Caribe, de la zona natural más bella del mundo, y utilizaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras”.
López Obrador aseguró además que esto se realizó con “la complicidad que había con las autoridades pseudoecologistas, que les dieron los permisos, pero nadie absolutamente nadie dijo nada”, mencionado incluso el nombre de la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Julio Carabias.
Además aprovechó para referirse de nuevo al caso del parque temático Xibalbá, de Grupo Xcaret, el cual se encuentra clausurado porque, según el presidente, causó un gran impacto en cenotes y ríos subterráneos.
“Y así está lo de Xcaret que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, con cenote y nadie dijo nada, ahí tenemos detenido un parque tempatico que hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas, los cenotes”.
Arbitraje internacional
El panel al que hace referencia el presidente se trata del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ante la cual se ventila el arbitraje internacional iniciado por la empresa Vulcan Materials por supuestas acciones del gobierno mexicano que impiden la operación de la empresa en Punta Venado.
El litigio iniciado en 2018 ante el CIADI se origina por acciones gubernamentales que datan de 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en éstos.
Otro de los reclamos por los que Vulcan inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017, previo a interponer la querella por 1,500 millones de pesos en contra del gobierno de México.
A dichos reclamos se suma la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Venado, desde donde la compañía embarcaba el material pétreo hacia Estados Unidos.
La empresa no ha dado a conocer aún en cuánto incrementará el monto económico reclamado a México por los nuevos agravios que ha expuesto ante el CIADI.
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