Washington respalda la marcha de la oposición en México en defensa de la autoridad electoral

“Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes y con recursos suficientes”. Con esta decena de palabras, el Departamento de Estado ha entrado en la polémica sobre la reforma a la autoridad electoral mexicana, el Instituto Nacional Electoral, el INE. Washington ha emitido un comunicado un día después de que 100.000 mexicanos salieran a las calles en diversas ciudades para defender la autonomía del organismo ante los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. “En todo el mundo se han planteado desafíos a la democracia que pusieron y siguen poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales independientes”, ha asegurado Ned Price, el portavoz de Exteriores del Gobierno de Joe Biden.

De esta forma, Washington reconoce el “intenso debate” que se vive en México entre los simpatizantes del Gobierno y la oposición, que ha encontrado en la defensa de la autoridad electoral la mejor causa para unir grupos debilitados y disímbolos. Esta discusión refleja “una democracia dinámica”, a decir de los estadounidenses. El Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, indica que para tener una democracia sana es vital una autoridad electoral independiente y el respeto al poder judicial. La oposición asegura que estos están bajo asedio del mandatario mexicano y los políticos de Morena en el Legislativo. Desde el partido en el gobierno, por su parte, han vinculado al presidente del organismo, Lorenzo Córdova, con el bando opositor.

Este es el segundo comentario que Washington emite en el contexto de la manifestación de la oposición. “Hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales”, escribió en Twitter la tarde del domingo Brian Nichols, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, un área donde México tiene un gran peso como uno de los principales socios de Estados Unidos.

Aunque Washington indica en sus comunicados que respeta la soberanía de México, el tema ha tensado las relaciones entre algunas de las autoridades de ambos países. La semana pasada, Ignacio Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a los estadounidenses “guardarse sus comentarios” sobre la reforma electoral que su bancada empujó el año pasado por el Legislativo, conocida popularmente como Plan B.

La semana pasada el trámite legislativo de dicha reforma se consumó. Los senadores de Morena impusieron su mayoría en la cámara alta para finalizar la transformación del INE, que verá diezmada su estructura a pesar de que se encarga de organizar miles de comicios en el país, auxiliando a los 32 institutos electorales. El Plan B también hace más difícil el castigo a los funcionarios públicos que se entrometen en las campañas. Para asegurarse la aprobación, el bloque mayoritario, formado por Morena y sus socios políticos, retiró de la mesa una cláusula que permitía el trasvase de sufragios entre los partidos unidos en una alianza. Esta disposición, llamada “de vida eterna”, fue postergada.

De acuerdo con The New York Times, el plan B de Morena hizo saltar las alarmas entre los diplomáticos estadounidenses. El diario asegura que la embajada de Estados Unidos en México han enviado mensajes de preocupación a Washington sobre el trasfondo de la reforma electoral. La Administración de Biden, no obstante, había guardado silencio en torno al tema. Hasta los mensajes de esta semana.

Esta mañana, durante su conferencia diaria, el presidente López Obrador, como era esperado, cargó contra los manifestantes. “En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados; no les importa el pueblo”, afirmó el mandatario.

El mensaje emitido desde Washington no solo avala el papel de la autoridad electoral, un organismo que dejó de depender del Ejecutivo en 1996, sino que recuerda la importancia de la independencia judicial. El choque con los jueces de la Suprema Corte será el nuevo episodio entre el pulso propuesto por López Obrador. Serán los jueces constitucionales los que deban analizar los recursos de inconstitucionalidad a los que la oposición recurrirá para frenar el Plan B de la reforma electoral.